Puesto: Especialista en Monitoreo técnico-ambiental y gestión de conflictividad socioambiental.

Nombre del proyecto: FSSP Colombia & Ecuador

Ubicación del puesto: Bogotá, Colombia – Remoto, con posibilidad de viajes a nivel nacional

Reporta a: Gerente de proyecto FSS

Remuneración: Los honorarios están sujetos a negociación y no superarán las tarifas de mercado establecidas.

Nivel de esfuerzo/dedicación: 10 meses / 20 días por mes aproximadamente

Ciudadanía: Aspirantes con permiso de trabajo en Colombia

Requisitos de idiomas: Dominio del español – Competencia en inglés

Plazo de aplicación: 22 de octubre de 2026

Información requerida Alinea International

En Alinea International valoramos la diversidad, la equidad, la inclusión, la accesibilidad y la pertenencia en todo lo que hacemos. Somos un empleador que ofrece igualdad de oportunidades y se opone a toda forma de discriminación. Buscamos y alentamos activamente las solicitudes de personas de diversos orígenes reconociendo que una fuerza de trabajo inclusiva enriquece nuestra organización y logra resultados más inteligentes e innovadores.

Alinea está comprometida con la protección de niños y adultos vulnerables. Debido a la naturaleza de nuestro trabajo, todos los candidatos serán sometidos a comprobaciones de diligencia debida y a extensas verificaciones de antecedentes cuando proceda.

Sobre el proyecto

Alinea International ha sido contratada por General Affairs Canada (GAC) para implementar el Proyecto de Servicios de Apoyo de Canadá (FSSP por sus siglas en inglés) en Colombia y Ecuador. En Colombia, Alinea International implementa sus proyectos a través de la Fundación Alinea, entidad sin ánimo de lucro legalmente constituida en Colombia.

La Defensoría del Pueblo,



en cumplimiento de su mandato constitucional y de los compromisos internacionales del Estado colombiano en materia de derechos humanos, reconoce a través de la delegada para los Derechos Colectivos y del Ambiente, dependencia que desempeña un papel estratégico en la protección de los derechos e intereses colectivos y en la defensa del ambiente como presupuesto esencial para el goce efectivo de los derechos humanos, que Colombia es Estado Parte del Acuerdo de Escazú, instrumento regional jurídicamente vinculante que garantiza los derechos de acceso a la información ambiental, la participación pública en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en asuntos ambientales. Uno de los grandes pendientes en su implementación es la traducción de estos derechos en territorios con alta conflictividad socioambiental, en especial los afectados por la minería —legal e ilegal— y sus efectos directos sobre la cobertura boscosa, los ciclos hídricos y los territorios ancestrales de comunidades étnicas.

En el Bioma Amazónico colombiano, la actividad minera actúa como uno de los motores primarios de deforestación. La extracción de oro y otros minerales —tanto en contextos de licenciamiento formal como en contextos de minería ilícita— desencadena procesos de pérdida de cobertura boscosa, contaminación de fuentes hídricas con mercurio y cianuro,



erosión de suelos y desplazamiento de comunidades indígenas y afrodescendientes. Estos impactos se agravan en la medida en que las comunidades étnicas y locales carecen de acceso oportuno a la información sobre títulos mineros, procesos sancionatorios y mecanismos de participación, en flagrante contravención de los estándares del Acuerdo de Escazú.

Al respecto, debemos recordar que el Acuerdo de Escazú descansa sobre tres pilares -acceso a la información ambiental, participación pública en la toma de decisiones y acceso a la justicia en asuntos ambientales- y añade un cuarto elemento transversal: la protección de las personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales. La minería ilegal constituye uno de los escenarios donde estos cuatro pilares se vulneran de manera más sistemática y grave, lo que convierte a Escazú en el instrumento idóneo para abordarla. De acuerdo con el diagnóstico realizado por la delegada en 2025, persisten brechas significativas en las capacidades técnicas, metodológicas y territoriales de las Defensorías Regionales para responder a los estándares del Acuerdo de Escazú en contextos de conflictividad minera.

Estas brechas son especialmente críticas en cuatro regiones con alta presión extractiva sobre territorios étnicos: la Amazonía, el Bajo Cauca y Suroeste Antioqueño, el Macizo Colombiano y el Pacífico.

Sobre la posición

Con base en Bogotá D.C., la o el especialista seleccionado(a) prestará servicios profesionales especializados para el fortalecimiento de las capacidades institucionales de la Defensoría del Pueblo (Delegada para los Derechos Colectivos y del Ambiente), orientados a la implementación de los derechos de acces

📌 Especialista en Monitoreo técnico-ambiental y gestión de conflictividad socioambiental. (Colombia)
🏢 alinea international
📍 Colombia