Consulte la página web de Alinea para ver la versión en inglés y el documento completo de los Términos de Referencia. Puesto: Especialista en Incidencia Política, Gobernanza Étnica y Protección de Defensores Ambientales Nombre del proyecto: FSSP Colombia & Ecuador Tipo de empleo: Contrato/Consultor Ubicación del puesto: Bogotá, Colombia – Remoto, con posibilidad de viajes a nivel nacional Reporta a: Gerente de proyecto FSS Remuneración: Los honorarios están sujetos a negociación y no superarán las tarifas de mercado establecidas. Nivel de esfuerzo/dedicación: 10 meses / 20 días por mes aproximadamente Ciudadanía: Aspirantes con permiso de trabajo en Colombia Requisitos de idiomas: Dominio del español – Competencia en inglés Plazo de aplicación: 22 de octubre de 2026 Instrucciones para aplicar:
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• Sólo nos pondremos en contacto con los candidatos seleccionados. No se admiten llamadas telefónicas. Información requerida Alinea International En Alinea International valoramos la diversidad, la equidad, la inclusión, la accesibilidad y la pertenencia en todo lo que hacemos. Somos un empleador que ofrece igualdad de oportunidades y se opone a toda forma de discriminación. Buscamos y alentamos activamente las solicitudes de personas de diversos orígenes reconociendo que una fuerza de trabajo inclusiva enriquece nuestra organización y logra resultados más inteligentes e innovadores. Alinea está comprometida con la protección de niños y adultos vulnerables. Debido a la naturaleza de nuestro trabajo, todos los candidatos serán sometidos a comprobaciones de diligencia debida y a extensas verificaciones de antecedentes cuando proceda. Sobre el proyecto Alinea International ha sido contratada por Global Affairs Canada (GAC) para implementar el Proyecto de Servicios de Apoyo de Canadá (FSSP por sus siglas en inglés) en Colombia y Ecuador. En Colombia, Alinea International implementa sus proyectos a través de la Fundación Alinea, entidad sin ánimo de lucro legalmente constituida en Colombia. Contexto La Defensoría del Pueblo, en cumplimiento de su mandato constitucional y de los compromisos internacionales del Estado colombiano en materia de derechos humanos, reconoce a través de la delegada para los Derechos Colectivos y del Ambiente, dependencia que desempeña un papel estratégico en la protección de los derechos e intereses colectivos y en la defensa del ambiente como presupuesto esencial para el goce efectivo de los derechos humanos, que Colombia es Estado Parte del Acuerdo de Escazú, instrumento regional jurídicamente vinculante que garantiza los derechos de acceso a la información ambiental, la participación pública en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en asuntos ambientales. Uno de los grandes pendientes en su implementación es la traducción de estos derechos en territorios con alta conflictividad socioambiental, en especial los afectados por la minería —legal e ilegal— y sus efectos directos sobre la cobertura boscosa, los ciclos hídricos y los territorios ancestrales de comunidades étnicas. En el Bioma Amazónico colombiano, la actividad minera actúa como uno de los motores primarios de deforestación. La extracción de oro y otros minerales —tanto en contextos de licenciamiento formal como en contextos de minería ilícita— desencadena procesos de pérdida de cobertura boscosa, contaminación de fuentes hídricas con mercurio y cianuro,



erosión de suelos y desplazamiento de comunidades indígenas y afrodescendientes. Estos impactos se agravan en la medida en que las comunidades étnicas y locales carecen de acceso oportuno a la información sobre títulos mineros, procesos sancionatorios y mecanismos de participación, en flagrante contravención de los estándares del Acuerdo de Escazú. Al respecto, debemos recordar que el Acuerdo de Escazú descansa sobre tres pilares -acceso a la información ambiental, participación pública en la toma de decisiones y acceso a la justicia en asuntos ambientales
- y añade un cuarto elemento transversal: la protección de las personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales. La minería ilegal constituye uno de los escenarios donde estos cuatro pilares se vulneran de manera más sistemática y grave, lo que convierte a Escazú en el instrumento idóneo para abordarla. De acuerdo con el diagnóstico realizado por la delegada en 2025, persisten brechas significativas en las capacidades técnicas, metodológicas y territoriales de las Defensorías Regionales para responder a los estándares del Acuerdo de Escazú en contextos de conflictividad minera. Estas brechas son especialmente críticas en cuatro regiones con alta presión extractiva sobre territorios étnicos: la Amazonía, el Bajo Cauca y Suroeste Antioqueño, el Macizo Colombiano y el Pacífico. Sobre la posición Con base en Bogotá D.
C., la o el especialista seleccionado(a) prestará servicios profesionales especializados para el fortalecimiento de las capacidades institucionales de la Defensoría del Pueblo para el diseño e implementación de estrategias de incidencia en políticas públicas, participación ciudadana, gobernanza territorial y fortalecimiento comunitario, orientados a la defensa de los derechos bioculturales de comunidades étnicas, la protección de defensores ambientales y el seguimiento a fallos judiciales en materia ambiental, en el marco de la implementación del Acuerdo de Escazú en Colombia y la Alerta Temprana transfronteriza FIO-001, con énfasis en territorios afectados por la minería en la Amazonía.

Responsabilidades:
• Incidencia y Diálogo Político Interinstitucional. Diseñar y ejecutar estrategias de incidencia técnica en políticas públicas de nivel local, regional, nacional, internacional y transfronterizo, facilitando el diálogo constructivo y la articulación entre la Defensoría del Pueblo, las comunidades locales y las entidades del Estado colombianas y homólogas en la región fronteriza.
• Acompañamiento Comunitario y Gobernanza Biocultural. Brindar asesoría y acompañamiento metodológico a comunidades étnicas y locales para el fortalecimiento de su gobernanza territorial, la protección de sus derechos bioculturales en el Bioma Amazónico, y la salvaguarda de la estrecha relación entre su cultura ancestral y el medio ambiente.
• Participación Ciudadana y Acceso a la Información. Promover escenarios y mecanismos de participación ciudadana y de acceso a la información ambiental activa para comunidades vulnerables, enfocados en la prevención y mitigación de los impactos socioambientales generados por la deforestación, la minería (legal e ilegal)



y el mercado de bonos de carbono.
• Protección a Defensores Ambientales. Formular lineamientos orientados a la protección efectiva y la prevención de riesgos de personas, líderes y comunidades que ejercen la defensa de los derechos humanos en asuntos ambientales en el territorio nacional. Entregables esperados Entregable 1 Plan de trabajo narrativo y GANTT. Entregable 2 Elaborar una (1) Ruta de Incidencia en Política Pública en el marco del Acuerdo de Escazú para contribuir a la disminución de la deforestación y al combate de la minería ilegal, desde un enfoque de protección de los derechos bioculturales de las comunidades étnicas amazónicas. La Ruta deberá contener el análisis conceptual, metodológico y operativo para la incidencia en política pública, así como incorporar los siguientes instrumentos complementarios: a) Un (1) protocolo para la operativización de los derechos de acceso a la información y participación ciudadana de las comunidades étnicas frente a problemáticas asociadas a la minería ilegal y la deforestación. b) Un (1) protocolo de respuesta rápida y prevención para defensores ambientales étnicos en zonas de alta conflictividad derivada de actividades mineras ilegales y procesos asociados de degradación ambiental. Entregable 3 Una (1) ruta de protección de la relación cultura-ambiente y de la soberanía territorial de las comunidades amazónicas, orientada a la gestión de riesgos e impactos derivados de proyectos mineros y de esquemas de bonos de carbono. La entrega final corresponderá a un único producto integral, constituido por la Ruta de Incidencia en Política Pública y los tres (3) instrumentos complementarios anteriormente descritos, los cuales deberán encontrarse articulados entre sí y responder a los objetivos de protección de los derechos bioculturales de las comunidades étnicas amazónicas. Cualificaciones requeridas: Educación
• Profesional en Ciencias Políticas, Antropología, Administración Pública, o áreas afines a las ciencias sociales.
• Maestría en Derecho Ambiental, Políticas Públicas, Derechos Humanos, Derechos Étnicos, Desarrollo Rural, Sostenibilidad o Estudios Amazónicos.

Experiencia:
• Mínimo 6 años de experiencia especifica en asuntos étnicos relacionados con: Formulación, reglamentación o implementación de normatividad étnica y políticas públicas de protección integral, con énfasis en pueblos indígenas en aislamiento (PIA) o comunidades étnicas aisladas, acompañamiento a procesos de consolidación de la autonomía política, administrativa y fiscal de gobiernos indígenas, Desarrollo de procesos de caracterización territorial y participación en consultas previas con comunidades étnicas, Diseño, ejecución o facilitación de proyectos y programas de capacitación comunitaria. Acreditar la publicación de un artículo relacionado con procesos indígenas.
• Se deberá acreditar experiencia en investigación y generación de conocimiento relacionada con la gobernanza ambiental, derechos de acceso en asuntos ambientales, participación ciudadana, protección de comunidades étnicas, derechos bioculturales, conservación de ecosistemas, deforestación, actividades extractivas, gestión territorial o temáticas afines al objeto de la consultoría. Habilidades y conocimientos:
• Comunicación efectiva en contextos interculturales e interinstitucionales.
• Investigación cualitativa y aplicada con enfoque interdisciplinario.
• Sobresaliente dominio de Microsoft Office (Outlook, Word, Excel, Power Point, entre otros).

📌 Especialista en Incidencia Política, Gobernanza Étnica y Protección de Defensores Ambientales (Bogotá)
🏢 alinea international
📍 Bogotá